La Gestión Pública como contrapeso a las prácticas corporativas: Políticas Públicas y Sostenibilidad

Msc. Luis Alfredo Portilla Montero


Las políticas públicas, en general, y la gestión pública en lo particular, representan conceptos muy utilizados, que escuchamos todos los días y, en la práctica, no sabemos con exactitud qué representan. En este sentido, aprovechamos estas líneas para analizar la relación entre políticas públicas, gestión pública y sus implicaciones desde un punto de vista de sostenibilidad y medio ambiente.

Si concebimos el medio ambiente como el entorno natural que provee recursos esenciales para la existencia de la sociedad, es nuestra responsabilidad asumir medidas y acciones con el fin de preservarlo y garantizar su sostenibilidad. Lamentablemente, el discurso en torno a la protección ambiental y el posicionamiento político asociado con el ambientalismo se ha vuelto un lugar común, una narrativa vacía que los actores políticos proclaman sin comprender realmente las implicaciones y consecuencias que esto conlleva. A lo largo de la historia, las grandes corporaciones y el capital en general se han aprovechado de las deficiencias prácticas de la administración pública en este rubro, resultando en la explotación desmedida de fuentes naturales, el desplazamiento de comunidades, la especulación y la obtención de ganancias desorbitantes a expensas de la violación sistemática de derechos humanos.

Para contrarrestar estas prácticas corporativas que ponen en peligro el medio ambiente y la sostenibilidad, es necesario que la gestión pública asuma un rol protagónico y se convierta en un contrapeso efectivo. Para lograrlo, es fundamental diseñar e implementar políticas públicas con un enfoque integral que tome en consideración los impactos ambientales, sociales y económicos de las acciones gubernamentales frente a las corporaciones. Esto implica adoptar medidas proactivas que promuevan la protección del entorno natural, fomenten la equidad social y garanticen la viabilidad económica a largo plazo. De esta manera, se podrá generar un marco normativo sólido y coherente que promueva la sostenibilidad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

En primer lugar, es fundamental establecer regulaciones y normativas ambientales sólidas que limiten las prácticas destructivas de las empresas y promuevan la adopción de medidas sostenibles. Estas políticas deben fomentar la responsabilidad ambiental de las compañías, imponiendo restricciones y sanciones a aquellas que no cumplan con los estándares establecidos. Además, es necesario incentivar y apoyar a las empresas que adopten prácticas sustentables, brindándoles, por ejemplo, beneficios fiscales, acceso a financiamiento, participación conjunta con el Estado, entre otros.

También, la gestión pública debe promover la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. Es esencial involucrar a la sociedad en la formulación de políticas públicas, permitiendo que sus voces sean escuchadas y consideradas. Esto no solo fortalece la legitimidad de las políticas implementadas, sino que también garantiza que se tomen en cuenta las necesidades y preocupaciones de la población en general, especialmente de aquellos grupos más vulnerables que suelen ser los más afectados por las externalidades negativas de las actividades económicas. Además, la gestión pública debe promover la educación ambiental y la concientización sobre la importancia de la sostenibilidad. Es necesario generar cambios culturales que promuevan estilos de vida más respetuosos con el medio ambiente y la adopción de prácticas sustentables en todos los sectores de la sociedad. Esto implica no solo impartir conocimientos sobre los problemas ambientales, sino también fomentar valores de responsabilidad y compromiso con las generaciones presentes y futuras. Lo anterior, solo puede ser logrado a través de mecanismos conjuntos donde gobierno, empresas, academia, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general concurran.

Por último, es fundamental establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas públicas en materia ambiental. La gestión pública debe contar con herramientas efectivas para medir el impacto de las políticas implementadas y realizar ajustes necesarios en caso de que los resultados no sean satisfactorios. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave para garantizar que las políticas sean efectivas y estén alineadas con los objetivos de sostenibilidad.

En conclusión, la gestión pública debe asumir su rol como contrapeso a las prácticas corporativas que amenazan el medio ambiente y la sostenibilidad. Esto implica la implementación de políticas públicas integrales que promuevan la responsabilidad ambiental, la participación ciudadana, la educación ambiental y la evaluación constante de las acciones gubernamentales. Solo a través de un enfoque basado en la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente podremos garantizar un futuro equitativo y próspero para las generaciones venideras.