Santa María Chí: Ecocidio y salud pública
A 20 minutos de la capital yucateca, se encuentra la subcomisaría de Santa María Chi, en la cual se encuentra asentada la porcícola San Gerardo. Desde hace 36 años, la población de alrededor de 500 habitantes se ha visto afectada por la engorda de más de 100,00 cerdos anuales. San Gerardo funciona como aparcera de la compañía Kekén que monopoliza la producción de carne de cerdo en toda la península. Desde entonces los habitantes de dicha comunidad se han manifestado en contra de las operaciones de la granja, la cual a su vez genera una insignificante derrama económica en Santa María Chi dado a que solo da trabajo a cuatro habitantes.
Si bien los controles de calidad e impacto ambiental para las plantas procesadoras de Kekén están reguladas por las más rígidas normas internacionales, el aparente vacío legal que existe en la normatividad y la falta de implementación de la ley ha permitido que los ejecutivos locales y estatales viren la mirada lejos de la actividad de sus aparceras, dejándoles completa flexibilidad en cuanto a los parámetros de sus operaciones.
La recomendación internacional es que exista un cerdo por cada hectárea de terreno, proporción que es superada por mucho en Santa María Chi. Recientemente, se dio una quema de excrementos secos que se habían acumulado en los alrededores de las naves de San Gerardo y que desprendían fuertes olores. Se identificó que hasta un 90% de los habitantes se vio afectado por la quema, presentando daños en su sistema respiratorio con faringitis derivada del humo que se desprendió durante el incidente. Sin embargo, las acciones locales para contener los daños medioambientales y de salud no han sido los esperados. El ejecutivo meridano ha insistido en que no cuenta con la jurisdicción para intervenir en esta problemática, reiterando la responsabilidad del gobierno estatal para hacerlo. La normatividad, no obstante, responsabiliza a todos los niveles de gobierno en diversos aspectos.
En primer lugar, se reconocen los derechos de los habitantes
a gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y saludable, así como a la
vida saludable y digna. Esto se encuentra tanto en el Reglamento de Protección
al Medio Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida (artículo
1°) como en la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán (LPMAEP).
Por otro lado, se encuentran las obligaciones de atender, prevenir y controlar
fuentes contaminantes y, en general, la relación humano-naturaleza. El artículo
7.V es específico en la obligación de control de los municipios respecto a la
contaminación atmosférica generada por quema a cielo abierto. Finalmente, se
les encomienda a los diferentes poderes ejecutivos establecer principios política
ecológica y ambiental y de establecer los instrumentos para su aplicación. Por su parte, en la LPMAEP se indica la
obligación de la administración estatal de garantizar la compatibilidad de la
obtención de los beneficios económicos y la conservación y preservación de los
recursos naturales. La responsabilidad y su coordinación en el abordaje es explícita
para ambas administraciones.
Aunado al desprendimiento de olores y sustancias tóxicas,
otro de los aspectos que más preocupan es el manejo del agua que, si bien
corresponde a los municipios, cuando hay un asunto que afecte el equilibrio
ecológico o del ambiente en más de dos, es el ejecutivo estatal quien debe
intervenir. La conexión de aguas subterráneas y su contaminación a raíz de la
instalación de una fuente contaminante, obliga a la intervención estatal, así
como su coordinación para abordarlo junto con el ejecutivo local. Y así
sucesivamente, se puede encontrar en diversas normatividades la obligación que
tienen las administraciones públicas de proteger la salud de sus habitantes y
su derecho humano a un medio ambiente sano y limpio, así como de asegurar el
abastecimiento del vital líquido. Sin embargo, los vacíos legales acerca de las
obligaciones y jurisdicciones respecto a los bienes naturales y derechos
ciudadanos han permitido que la industria porcícola transgreda y altere los
ciclos naturales. Por otro lado, la derrama e impacto económico no van acorde a
una economía solidaria y sostenible, sino por el contrario, se ve plagada de
impactos negativos donde el costo a la comunidad es mayor que los beneficios.
Los costos sociales de la actividad productiva de ese rubro son demasiado altos
y poco se analiza que al final, es el erario público el que lo costea, así como
los bolsillos de particulares que habitan esa localidad.
El acercamiento y colaboración entre la comunidad, la
industria, las administraciones públicas y el sector profesional es
imprescindible para el saludable desarrollo económico y social. El
involucramiento de los habitantes en las actividades productivas que se
desarrollen en su localidad es necesario para su subsistencia pero también para
completar una cadena más grande de suministro. De igual forma, las campañas de
concientización respecto a la manera en que se consume son necesarias para
reducir la demanda de estos productos cuyo proceso de elaboración es tan
costoso para la sociedad. Finalmente, el fortalecimiento de la división de
poderes para en consecuencia alcanzar una exitosa implementación de la
normatividad vigente permitirá que se respeten los lineamientos básicos de
sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Todo esto de la mano de políticas
públicas reales con recursos y fondos bondadosos dirigidos de la mano de
expertos, dejando atrás las meras buenas intenciones para pasar a la acción,
son el primer gran paso hacia la economía sostenible.
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