Iniciativas Legislativas en Salud Mental

?El pasado 13 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, coincidiendo con el ya popularizado “Blue Monday”, el cual conjuga diversos factores tales como el clima, la “Cuesta de Enero” y el regreso a la rutina después de vacaciones, para causar malestares emocionales en la población en general. Tan solo en ese día se reportaron 3 suicidios en nuestro estado, que desde julio ostenta el primer lugar a nivel nacional en suicidios.

Los trastornos de salud mental son sin duda una de las enfermedades más rezagadas en el sector salud, y esto fue evidenciado a partir de la pandemia por Covid-19 cuando salieron a la luz las deficiencias en su atención. Si bien la concientización y capacitación para la puesta sobre la agenda pública es el primer gran paso en la lucha contra los problemas mentales, no son suficientes. La atención a la salud mental debería ser parte esencial, no solo en la prestación de los servicios de salud, sino de manera integral en el diseño de toda política pública.

En el caso de la normatividad asociada a salud mental en Yucatán, se podría hablar de una reciente regulación con la publicación del 27 de agosto de 2018 de la Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán. Esta ley se crea con el objetivo principal de traer a la agenda pública la salud mental y asegurar su tratamiento de manera universal y con igualdad efectiva. Esta ley por primera vez declara la salud mental como un derecho fundamental a la salud, a la dignidad humana, la no discriminación y la confidencialidad de sus datos personales. De igual forma, reconoce el relevante rol de la familia en el desarrollo de sus integrantes, así como en las mejoras y tratamiento de trastornos mentales. En Yucatán, se ha visto esta situación más marcada al interior del estado donde la disponibilidad de especialistas en salud mental es más limitada, lo que escasea las citas y exige el desplazamiento de los pacientes a otros municipios.

Esta ley también crea el Consejo de Salud Mental y el Instituto de Salud Mental (ISM) que, a su vez, se ven encomendados para la creación del Programa de Atención a la Salud Mental del Estado de Yucatán. El ISM, se crea como un órgano administrativo desconcentrado y presupuestalmente subordinado de la Secretaría de Salud del Estado cuyo fin es el de diseñar y evaluar políticas de promoción a la salud mental, la asignación de personal especializado para atender a la población, la instalación de una línea telefónica de ayuda psicológica y de intervención en crisis, y otros canales informáticos para la comunicación y solicitud de ayuda.



Sin embargo, en el paquete fiscal del 2023 únicamente se le aprobaron 17.1 millones para la “promoción y atención integral de la salud mental” contra los 1,756 millones de pesos que se destinan a los servicios de salud, lo cual limita y pone en duda sobre cuáles son los recursos que efectivamente se podrían utilizar. Por otro lado, la oposición política del gobierno federal y el estatal han dificultado el trabajo en conjunto. Primero, con la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar (IMSS-Bienestar), cediendo así la mayoría de los estados la administración al gobierno federal. Por otro lado, se habían venido realizando programas, adaptaciones y creaciones de inmuebles siguiendo el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental en los últimos años y se vieron frenados a mediados de 2022 por la reforma a la Ley General de Salud pues a partir de ella se obliga a dar un servicio integral y centralizado en los hospitales generales. Esto provocó, por ejemplo, que se suspendiera la construcción de las Villas de Transición así como el freno al subsidio federal de 3.5 millones de pesos para pacientes del Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, quienes ya habían visto mejorado su estilo de vida con el nuevo modelo de atención que proponía la apertura de espacios para los pacientes y prohibía el encierro involuntario.

No es un secreto que la atención a la salud mental está ampliamente privatizada y que se ha convertido en un lujo para la mayoría de la población. En Yucatán, se ha visto esta situación más marcada al interior del estado donde la disponibilidad de especialistas en salud mental es más limitada, lo que escasea las citas y exige el desplazamiento de los pacientes a otros municipios. La Diputada Vida Gómez, legisladora local, ha remarcado la necesidad de especificar que el 7% del presupuesto para la salud sea invertido en efectiva atención a pacientes, y no solo a aspectos administrativos. Otro de los problemas detectados en su lucha por la salud mental es la falta de difusión de los servicios que ya se encuentran en funcionamiento, así como la lucha contra el estigma y la minimización de los trastornos mentales.  Por lo que se deberán haciendo los ajustes normativos y ejecutivos para asegurar que los recursos se conviertan en casos de éxito.